|
“No hemos dado
marcha atrás… la decisión tomada en Dallas se ha fortalecido”,
afirma el Arzobispo
Monseñor Thomas Wenski, obispo
auxiliar de Miami, el Arzobispo John C. Favalora y el padre
Kenneth Schwanger, vicario judicial adjunto del Tribunal
arquidiocesano, hablan con la prensa de Miami el 19 de noviembre,
a su llegada de la reunión de obispos en Washington. (Foto: Dora
Amador Morales)
Ana RodríguezSoto
The Florida Catholic
Lo que los obispos prometieron en Dallas podría convertirse en ley
obligatoria para las diócesis de Estados Unidos antes de Navidad,
predijo el arzobispo de Miami, John C. Favalora, a su regreso de
la reunión de obispos en Washington, DC.
El Arzobispo dijo que algunos de los casos contra sacerdotes de la
Arquidiócesis de Miami ya están siendo revisados por la junta
asesora de cinco miembros de la Arquidiócesis.
Defendió el intento de la Arquidiócesis de desestimar las demandas
civiles en su contra porque fueron presentadas mucho después que
expiró el decreto de limitaciones.
Durante una conferencia de prensa celebrada el 19 de noviembre, el
arzobispo Favalora reiteró que los obispos no se han echado para
atrás en lo que se refiere a las severas disposiciones trazadas en
los Estatutos para la Protección de Niños y Jóvenes, que aprobaron
durante la reunión del pasado junio en Dallas.
“No estamos dando marcha atrás a lo que sucedió en Dallas. Ahora
es más firme porque está en la ley eclesiástica”, dijo el
Arzobispo. “Contrario a lo que pudieron haber leído en la prensa
secular, o lo que hayan escuchado a través de los medios, ha
habido un fortalecimiento de lo que hicimos en Dallas”.
Algunos defensores de las víctimas han criticado la revisión de
las normas que solicitan una investigación secreta por el obispo
antes de que se tome acción alguna contra un sacerdote acusado de
abusar sexualmente de un menor.
El arzobispo Favalora dijo que continuará suspendiendo de sus
labores temporalmente a todo sacerdote contra quien exista una
acusación creíble. Es más, esos alegatos serán reportados a las
autoridades civiles.
“Cualquier acusación debe ser llevada ante las autoridades”, dijo
el Arzobispo, enfatizando que “una carta anónima no es una
acusación”.
Pero mientras las personas que hacen el alegato incluyan sus
nombres y los nombres de los acusados, además de que existan otros
factores obvios “tenemos que entregar todo. No juzgamos si es
creíble o no. Esto va a la Fiscalía estatal”.
El Arzobispo enfatizó que, una vez que se recibe una acusación
creíble, la investigación continúa por dos vías separadas: por la
ley civil, en la que se pueden presentar cargos criminales, y la
ley eclesiástica, que en última instancia conllevaría un
procedimiento judicial y la posible laicización del sacerdote.
“Yo no puedo quitarle a un sacerdote el derecho de ser sacerdote.
No tengo la autoridad para ello. Sólo una corte eclesiástica puede
hacerlo”, explicó. “Yo puedo llevarlo a la corte eclesiástica.
Puedo retirarlo temporeramente del ministerio por el bien común
del pueblo. Pero no puedo hacer de eso una penalidad permanente”.
Los casos contra sacerdotes son manejados por la misma corte
eclesiástica, el Tribunal, que maneja la nulidad matrimonial. El
derecho canónico requiere que los jueces sean tres sacerdotes
licenciados en derecho canónico, pero no tienen que llegar a una
decisión unánime.
Como sucede con la nulidad, sólo las partes involucradas –la
posible víctima y el sacerdote acusado– tienen derecho a revisar
el testimonio que ha sido recopilado y la opinión de los jueces.
Cada parte tiene el derecho de presentar testigos y también tiene
el derecho de apelar la decisión de los jueces a la corte suprema
de la Iglesia, la Rota Romana.
El Arzobispo añadió que el resultado de un caso civil contra un
sacerdote no determina necesariamente el resultado del caso en la
Iglesia.
“Puede ser que, en el foro de la Iglesia, la persona sea
encontrada inocente, pero sea hallada culpable en el foro civil, o
vice versa. La Fiscalía estatal quizás no pueda investigarlo por
los decretos, pero al final la Iglesia puede hallar a la persona
culpable”.
Aunque el resultado final puede darse a conocer públicamente, “el
proceso no se hará público”, enfatizó el Arzobispo.
Los casos que se están revisando
De los aproximadamente 12 casos en los que se alega abuso sexual
por sacerdotes de la Arquidiócesis de Miami desde que surgió el
escándalo a nivel nacional, algunos ya están siendo investigados
por la junta asesora, informó el Arzobispo.
Otros sacerdotes han atrasado su comparecencia ante la junta
porque tienen pendientes casos civiles en su contra, y la
posibilidad de cargos criminales.
Esos casos tomarán largo tiempo en ser procesados tanto bajo el
sistema civil como el del derecho canónico. Pero el resultado
sigue siendo el mismo, dijo Monseñor Favalora.
“Los niños son importantes y nuestra tarea más trascendente es
asegurarnos de que estén fuera de peligro. Para lograrlo tenemos
que asegurarnos de que cualquier persona acusada y encontrada
culpable, o que confiese haber cometido un crimen, un pecado
contra los niños, sea sacado del ministerio y no pueda ser
restituido.
”Estamos obligados a ello por los estatutos”, indicó el Arzobispo,
“y lo que hicimos en Dallas ahora se hará válido por la ley
eclesiástica que aplica en Estados Unidos”.
El procedimiento que se sigue para investigar los casos de abuso
sexual
En la conferencia de prensa del 19 de noviembre, el padre Kenneth
Schwanger, vicario judicial adjunto del Tribunal arquidiocesano,
explicó el procedimiento que sigue la Arquidiócesis para
investigar los alegatos contra sacerdotes acusados de abusar
sexualmente de menores.
Es importante aclarar que ninguno de los actuales casos en la
Arquidiócesis ha pasado del tercer paso.
1 Se recibe la acusación.
2 Se informa a las autoridades civiles.
3 El Arzobispo suspende temporalmente de sus labores ministeriales
al acusado hasta que se investigue más sobre los alegatos.
4 El caso es presentado ante la junta asesora para su análisis y
recomendaciones.
5 El Arzobispo recibe la recomendación de la junta asesora.
6 Si encuentra que hay suficiente evidencia de abuso, el Arzobispo
presenta el caso a la congregación en Roma, que podría ver el caso
o devolverlo a la Arquidiócesis para juicio.
Se espera que la mayoría de los casos sean devueltos a las
diócesis, y la misma congregación queda como última corte de
apelaciones.
7 Una vez que comienza el procedimiento judicial, un promotor de
la justicia presenta los cargos.
8 La Corte, compuesta por tres sacerdotes licenciados en derecho
canónico, recopila la evidencia y los testimonios de todas las
partes interesadas y revisa la evidencia de manera que pueda
emitir una decisión final.
9 El procedimiento es confidencial. Sólo las personas que están en
el juicio tienen acceso al testimonio y a la información que
necesitan para participar en el proceso.
10 De ser hallado culpable, el sacerdote es retirado
permanentemente del ministerio sacerdotal.
11 La decisión de la corte y las penalidades pueden ser apeladas
ante Roma por cualquiera de las partes.
La votación
WASHINGTON – La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos
aprobó el 13 de noviembre por 246 votos a favor y 7 en contra las
normas revisadas para afrontar las denuncias de abusos sexuales
atribuidas a sacerdotes y personal de la Iglesia.
El documento votado fue redactado por una Comisión mixta formada
por representantes de la Santa Sede y del episcopado
estadounidense con el objetivo de que esas normas no estén en
contradicción con los derechos fundamentales de todo sacerdote en
cuanto persona.
Los obispos aprobaron también las revisiones hechas por esta
comisión a los Estatutos para la protección de niños y jóvenes que,
en caso de recibir el reconocimiento (recognitio) de la
Santa Sede, entrarán automáticamente en vigor.
Estos documentos habían sido redactados por el episcopado
estadounidense en junio, en su reunión celebrada en Dallas. El 14
de octubre, sin embargo, el cardenal Giovanni Battista Re,
prefecto de la Congregación Vaticana para los Obispos, propuso en
una carta al presidente de la Conferencia episcopal, Monseñor
Wilton Daniel Gregory, revisar conjuntamente aquellas normas.
En los documentos originales se constataban algunas “ambigüedades”,
señalaba en la misiva el cardenal Re, como por ejemplo, la falta
de definición del concepto de “abuso sexual”. Al mismo tiempo, se
vio la necesidad de armonizarlas con el derecho universal de la
Iglesia.
El nuevo documento mantiene la asistencia a las víctimas y revisa
las directivas para la cooperación con las autoridades civiles
contenidas en las normas originales, aseguró.
El mayor cambio, reveló, fue añadir el recurso a juicios
eclesiásticos, junto con las acciones administrativas que un
obispo puede tomar para remover a un sacerdote de su ministerio.
Las nuevas normas permiten juzgar caso por caso incluso aquellas
denuncias de actos cometidos hace muchos años. Se aplicará así de
este modo el principio de “tolerancia cero”, añadió después el
cardenal George en respuesta a un periodista, pero no de manera
generalizada, sino personalmente.
–CNS
|
